(Especial por José "Pepe" Delgaudio) El 3 de setiembre pasado descubrimos que los jubilados municipales de Morón reclamaban por no percibir los aumentos otorgados a los trabajadores en actividad.
El problema era la falta de presentación al IPS (Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires) de la Declaración Jurada de Modificaciones y Escalas Salariales Municipales por parte del intendente Ramiro Tagliaferro.
El Informe del Departamento Ejecutivo Municipal.
El 4 de setiembre el concejal Jorge Laviuzza (FR) presentó un pedido de informes para que el departamento ejecutivo aclare cuál era la situación de la actualización de los últimos tres incrementos en las jubilaciones de los trabajadores del municipio (Expediente 10783/18).
La respuesta del secretario de gobierno del municipio, Matías Palotti Bertola, ingresa al concejo deliberante el 8 del mes en curso y el secretario del mismo, Gonzalo Ortiz Machain la remite a Laviuzza a efectos de tomar conocimiento.
Junto a la contestación del pedido de informes se anexan fotocopias de las ultimas declaraciones juradas presentadas al IPS (que adjuntamos a la presente).
* Aumentos otorgados y declaraciones entregadas al IPS con varios meses de atraso
1) Aumento aprobado a partir de marzo 2017 por ordenanza 18138/2017, promulgada mediante decreto 230/2017 ingresó al IPS el 07/09/2017 con 6 meses de atraso con la firma de Ramiro Tagliaferro;
2) Incremento salarial aprobado a partir de enero 2018 por ordenanza 18624/2018, rectificado por ordenanza 18633/2018 ingresó al IPS el 10/03/18 con 60 días de atraso con la firma de Ramiro Tagliaferro;
3) Aumento salarial retroactivo a partir de marzo 2018 aprobado por ordenanza 18681/2018 ingresó al IPS 04/07/18 con 90 días de atraso, está firmado por Analía Zappulla, presidenta del HCD, fué cobrado por los jubilados en setiembre pasado y con posterioridad a nuestra nota del 3 del mismo mes;
4) Aumento salarial del 10% aprobado a partir de agosto pasado y que los trabajadores activos percibieron finalizado ese mes todavía no fue comunicado al IPS. De acuerdo a trascendidos la declaración jurada sería enviada ésta semana.
En caso que la información por actualizaciones salariales ingrese al IPS de acuerdo a la versión que circula, los jubilados podrían cobrar a fin de mes o en noviembre, o sea, con mora de 60 a 90 días.
* Violación a la reglamentación vigente
El decreto ley 9650/80 en su artículo 10, inciso f, dispone: "Suministrar al IPS las normas que establecen las modificaciones en los cargos y escalas salariales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de su aprobación a fin de practicar la movilidad de los importes de las prestaciones que establece la presente ley. El incumplimiento de lo establecido en este inciso dará lugar a la exigibilidad, por parte del IPS al empleador correspondiente, de las sumas que en concepto de actualizaciones, ajustes e intereses efectúe a sus beneficiarios por tal demora. En igual plazo deberá regularizar los aportes, contribuciones e intereses que genere esta norma".
Analizando el artículo mencionado, Tagliaferro y sus funcionarios violan permanentemente lo transcripto en el mismo: A) Por no informar las modificaciones en las escalas salariales dentro de los 5 días hábiles de producidas; B) Por no haber transferido los aportes y contribuciones correspondientes, además de los intereses punitivos originados por la mora.
Asimismo, los jubilados podrían reclamar intereses compensatorios por los meses que deben esperar para percibir los aumentos cobrados por los trabajadores en actividad.
* Las actualizaciones, ajustes e intereses deberían ser descontados de las remuneraciones del jefe comunal y los funcionarios negligentes al no cumplir con la normativa vigente, también para que cualquier vecino pueda constatar que los errores, negligencia, irresponsabilidad e insensibilidad se les descuenta de sus haberes.
* Inadmisible silencio cómplice
Con posterioridad a nuestro informe del mes pasado (03/09) ningún medio local o multimedio nacional (radio, televisión, gráfica, portales, etc) mencionó las irregularidades que denunciamos. La autocensura observada en la mayoría de los mismos comenzó con el gobierno de Ramiro Tagliaferro hace 34 meses.
La inmoralidad y transgresión permanente tienen relación directa con la discriminación que ésta gestión aplica en la adjudicación de pautas publicitarias violando la ordenanza 13994/11 aprobada por unanimidad el 24 de noviembre de 2011, promulgada por decreto 2495 del mismo año, previa realización de la audiencia pública efectuada en el teatro Gregorio De Laferrere.
El periodista y los medios para ser creíbles no pueden ni deben ser cómplices del silencio que perjudica a la sociedad, en particular a los sectores más desprotegidos de la misma como es el caso de los jubilados.
El periodismo es una de las reservas con la que cuentan los ciudadanos para informarse y conocer las acciones de sus gobernantes, sean ellas positivas o negativas, para su bienestar o para evitarles perjuicios mayores.
El silencio y ocultamiento periodístico que beneficia a los funcionarios por las pautas publicitarias que reciben de estos son pagadas con los aportes, tasas, impuestos y contribuciones que con gran esfuerzo realizan los que menos ganan.
NEGLIGENCIA, IRRESPONSABILIDAD, SILENCIO E INSENSIBILIDAD SON CONDUCTAS QUE DEBEN SER CUESTIONADAS Y CRITICADAS.
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