(Por Mariano De Andrea*) En otro caso de grave escándalo judicial sin precedentes, que recuerda la renuncia de los jueces del máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués por sus escandalosas sentencias, el tribunal de casación penal vuelve a ser motivo de escándalos cuando uno de sus integrantes se encuentra al borde de un pedido de detención.
Luego de una trama de corrupción y graves irregularidades que culminó con la detención del ex juez platense César Melazo (ver: "Detuvieron al Ex Juez César Melazo"), de dos barrabravas y la imputación que vuelve a poner sobre el tapete, a una de las máximas magistraturas bonaerenses, fue el propio procurador general ante la corte, Julio Conte Grand, quien advirtió que la investigación podría llevarnos en los próximos días “a un escenario todavía mas sorprendente” .
Una Pelea por no Perder la Caja
Un nuevo escándalo, que sacude otra vez más al ya tantas veces escandaloso cimero tribunal penal, vuelve a recordarnos la grave falencia del poder ejecutivo provincial, que ha demorado, inexplicablemente, la puesta en funcionamiento de la ley 14.295 que hubiera puesto fin a esta escalada, cada vez más peligrosa, de hechos de corrupción, que hubiera puesto fin a la tan alta concentración de poder en un solo tribunal que, entre oscuros intereses que hoy vuelven a saltar a la luz, se ha aferrado sistemáticamente a no perder poder ni territorio.
En efecto, debe tratarse del único tribunal del mundo en donde sus jueces, pese a estar colapsados de trabajo, con atrasos escandalosos, se opusieron sistemáticamente a ser descentralizados. Como lo lee: preferían “trabajar más”, “cobrar lo mismo”, y que las causas siguieran con atrasos infernales. ¿El motivo? No querían perder su control territorial. ¿Por qué? No lo sabemos, pero el senador (FR) Jorge D´Onofrio, miembro del consejo de la magistratura bonaerense, había denunciado nidos de corrupción que no querían ser desarticulados, porque si se pierde el poder territorial, se pierde la caja.
La Profecía de D´Onofrio
D´Onofrio, siendo presidente del bloque de senadores del Frente Renovador, había reclamado al entonces ministro de justicia de María Eugenia Vidal, Carlos Mahiques, que “proceda a la puesta en marcha de las salas descentralizadas de casación.”
Frente a este nuevo escándalo de corrupción, realmente no hay mucho que agregar. Parece que se cumplieron proféticamente las palabras del senador opositor.
La Resistencia a la Descentralización de los Tribunales de Casación
La corte suprema de justicia de Buenos Aires, en el mes de junio del ano 2013, había rechazado una medida cautelar que intentaba frenar la puesta en marcha de la precitada ley, con la consecuente designación de los magistrados a partir de las ternas oportunamente elevadas al poder ejecutivo por el consejo de la magistratura local.
Pese a diversas tentativas de dar marcha atrás con el proyecto, incluso desde la órbita del legislativo, los refractarios a la descentralización del cuestionado tribunal habían chocado con un obstáculo constitucional insalvable: el artículo 175 de la Constitución de la Provincia le otorga carácter vinculante a las ternas que elabora el consejo de la magistratura para cubrir los cargos de magistrados, después de un muy difícil tramite de designación.
Demás está decir, que en pleno siglo XXI, resulta harto caprichoso que un ciudadano de Dolores, Mar del plata o Mercedes, tenga que viajar hasta la ciudad de La Plata para ver cómo articular un remedio impugnativo contra la sentencia de un tribunal oral, ubicado a cientos de kilómetros de su sede natural.
Pero las tramas de corrupción (tantas veces denunciadas por senadores de la oposición), los oscuros intereses detrás de las incomprensibles maniobras realizadas desde el seno mismo del tribunal para no perder su poder territorial hicieron lo imposible - ayudados por ministros complacientes - para evitar que el poder ejecutivo diera cumplimiento a las normas sancionadas por el parlamento provincial.
Resulta un escándalo institucional de una gravedad inusitada, que habiendo transcurrido 7 años desde su sanción, la ley que ordena poner en marcha la descentralización del cuestionado tribunal de casación platense, siga "cajoneada" en el ministerio de justicia con destino incierto. Realmente, se da aquí un supuesto paradigmático de incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos que se obstinan en sostener un tribunal - de suyo insostenible - incumpliendo lo que venía exigiendo y exige una ley votada por unanimidad de todos los bloques, y ratificada por el mismo congreso, en una segunda ley que insiste en la necesidad de descentralizar el organismo y que fue promulgada en forma tácita por una gobernadora cuyos ministros de justicia invariablemente se han obstinado en desacatar la norma legal.
Un Tribunal al Margen de la Ley y un Poder Ejecutivo Cómplice
Verdaderamente, se trata de un tribunal al margen de la ley, cuyos jueces naturales, pese a los escándalos de corrupción como el que ha culminado con la detención del juez Melazo y el procesamiento de un camarista; y pese a existir ternas vinculantes elaboradas por el consejo de la magistratura, no quieren que la casación platense pierda su poder y territorio ya que ello implicaría romper con la estructura de corrupción que rodea al tribunal platense, por lo menos si estamos a las manifestaciones de un miembro del mismo consejo de la magistratura bonaerense que había denunciado hace algún tiempo “intereses ocultos y conspirativos de algún sector de la justicia abolicionista de la plata” que intentaba “violentar una ley democrática y constitucionalmente concebida”.
Frente a estos nuevos escándalos de corrupción que vuelven a sacudir al alto tribunal provincial, es de esperar que el Poder Ejecutivo reflexione en la urgente necesidad de poner un freno a esta concentración de poder abismal que detenta un solo tribunal con credibilidad harto desgastada, y cumpla con las demoradas exigencias constitucionales de poner en funcionamiento la tan esperada descentralización de la casación de la provincia.
Con una ley votada por unanimidad de todos los bloques que ordenaba atomizar el poder del tribunal de casación; con otra ley que ratificaba esa necesidad y que fue promulgada por la misma gobernadora en ejercicio en el mes de febrero de 2017; con las ternas firmes elaboradas para cubrir los cargos por el consejo de la magistratura; y a la luz de los nuevos escándalos en los que se ve inmerso el máximo tribunal penal, resulta llamativa e inexplicable la pasividad del poder ejecutivo en poner en funcionamiento los organismos descentralizados.
* Jurista y Escritor Especialista en Derecho Procesal y Penal
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