(El Palomar, 10/04) Como un baldazo de agua helada recibieron los trabajadores del Hospital Posadas la disposición de la Dirección General Ejecutiva de ese nosocomio que renueva los 270 contratos que las autoridades hospitalarias renovaran en enero pasado hasta el 31 de marzo de este año.
El documento con fecha 9 de abril se conoció este martes, y dejó en evidencia una vez más la intención de la conducción macrista del hospital de acallar cualquier manifestación combativa en el seno del mismo.
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| Trabajadores afiliados al STS y opositores al Secretario General de ATE Morón, Darío Silva, pueden ser los próximos cesanteados del Posadas |
Es que, si bien los 170 contratos extendidos hasta el 31 de marzo fueron renovados; sólo a 62 empleados se les prorrogó su relación de dependencia hasta el 31 de diciembre; el resto (108 en total) tienen la certeza de que el 30 de junio es su último día laboral en el Posadas.
"Nos Echaron..."
La disposición suscrita digitalmente por el director ejecutivo Pablo Enrique Bertoldi Hepburn dice textualmente en su artículo 2: "apruébanse las contrataciones individuales de los agentes indicados en el anexo II... (108 en total), por el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2018..." Y en su artículo 4 agrega: "Instrúyase a la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS a realizar los procedimientos y análisis que resulten pertinentes a los efectos de valorar las prórrogas de las contrataciones aprobadas en el artículo 2do., conforme los estándares óptimos en materia de planeamiento dotacional indicativo."
Esto quiere decir que los 108 trabajadores incluidos en el anexo II de esta resolución no han sido cesanteados aún y que su contrato puede ser renovado más allá del 31 de junio si la dirección de recursos humanos del Posadas así lo dispone.
Sin embargo, al repasar la nómina de trabajadores y trabajadoras que forman parte del Anexo en cuestión, uno se encuentra que está compuesta por la casi totalidad de militantes gremiales que conformaron la lista "Unidad de los que Luchan" que se enfrentó a la conducción de Darío Silva en las elecciones de delegados de ATE en noviembre de 2017, y militantes del STS (delegados o no) con clara ascendencia gremial sobre sus compañeros de trabajo.
Es en ese sentido que, hasta desde los sectores más moderados expresaron: "la inclusión en el anexo II a los opositores a Darío (Silva) y militantes del STS luchadores visibles (es) una clara represalia".
En tanto que el técnico Edgardo Zacarías - cara visible de ATE Roja y Negra, junto a la reciéntemente reincorporada Karina Almirón -, consideró que lo expresado en la resolucíón "es una formalidad". Y agregó de manera contundente: "Nos echaron".
Por su parte otras de las damnificadas, la militante de izquierda Jimena Lettieri sintetizó: "El objetivo de fondo es desmantelar a todos los que luchamos para luego proceder a aplicar todas las políticas contra la salud pública."
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