(Por Mariano De Andrea*) A partir del año 1998, se inició en la provincia de Buenos Aires, un copernicano giro en la manera de resolver los asuntos penales. Se pasó de un modelo altamente escritural y formal, hacia otro de cuño más acusatorio y, por ende, garantista.
A 20 años de la reforma, caben hacerse algunas preguntas, para saber si la justicia ha mejorado o empeorado, después de este largo proceso de modificación, que casualmente es el que se intenta imitar en el ámbito de los juzgados federales y a nivel nacional.
Cada Provincia con su Librito
Para que el lector comprenda de lo que hablamos, primero habría que explicar que, de acuerdo con nuestra Constitución Nacional y con los textos supremos de las diferentes provincias, cada una de estas, se dicta su propio código de procedimiento. Es decir, mientras el código penal es uno solo, cada provincia tiene un ordenamiento ritual distinto y, por lo tanto, un sistema judicial diferente. Esto da lugar a que en la República Argentina tengamos prácticamente el récord de códigos de procedimiento, lo cual de por sí, parecería ya un despropósito: 25 códigos de procedimiento diferentes si se tienen en cuenta las 23 provincias, más la Ciudad de Buenos Aires y el código de procedimiento federal.
Una verdadera locura, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que para la hermana República de Brasil, con una extensión territorial mucho mayor a la nuestra, alcanza con un solo código de procedimiento, y que un juez de la provincia de Neuquen, con 10 veces menos trabajo que uno de la provincia de Buenos Aires, cobra varias veces más, simplemente porque la organización judicial es diferente y depende de cada estado provincial.
Un Proceso Altamente Burocratizado
Comentario al margen, vale pasar revista al sistema que a partir de la ley procesal penal 11922 (del año 98), se introdujo paulatinamente en nuestra provincia. Antes de la sanción de esta ley, los procesos eran tramitados ante los juzgados criminales y correccionales en donde un único juez, se encargaba de hacer lo que hoy hacen: un fiscal de instrucción, un fiscal de juicio, un fiscal de ejecución, un juez de garantías, tres jueces de un tribunal oral en lo criminal, un juez correccional y un juez de ejecución. Esto sin contar la cámara de apelaciones, el tribunal de casación penal y eventualmente, la suprema corte provincial (lo que hace que prácticamente ninguna causa por delitos con penas menores, pueda llegar a adquirir firmeza sin prescribir en su camino hacia la corte federal). Por supuesto, que tampoco vamos a decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en rigor, también a dejado de ser suprema: El artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos ha cedido la jurisdicción de la República en manos de la Corte Interamericana de Derehos Humanos en donde tanto inquieta a este gobierno, la figura del Juez Eugenio Raúl Zaffaroni.
Pero insisto, la pregunta de hoy es si había menos justicia en Morón con un juez en lo criminal y correccional, que hoy con 50 fiscales; 6 tribunales orales; 5 juzgados correccionales; 5 juzgados de garantías y 2 jueces de ejecución. Pregunta realmente muy difícil de contestar.
¿Los Mejores de la Nación?
Harina de otro costal, es discernir si los jueces y los fiscales que tenemos, han sido elegidos de entre los mejores de la Nación, como supuestamente pretende el consejo de la magistratura de la provincia, del que prontamente hablaremos en una futura nota, por no hacer esta exposición eternamente larga. Los escándalos producidos en el seno de una institución tan joven y poderosa, bien merecen un artículo aparte.
Una Justicia Lenta e Ilegítima
Pero concentrémonos en el Departamento Judicial de Morón, porque “para muestra, basta un botón”.
Habrá en Morón, 50 fiscales de instrucción, juicio y ejecución. Desde el vamos, habiendo 50 fiscales, parece que sólo alcanzan para completar 8 fiscalías, situación que no se comprende por ninguna parte. Cualquiera podría pensar: «si hay 50 fiscales, habrá 50 fiscalías para investigar delitos». Pero no. Las cuentas en Morón, no son tan claras. Primero, porque a pesar de que el parlamento provincial, expresamente sancionó una ley para que el mismo fiscal que investigue un delito, sea el que lleve la causa a juicio, en el foro local, se ha mantenido la clásica distinción “fiscal de instrucción” y “fiscal de juicio”, con las múltiples e infinitas complicaciones que eso conlleva. En primer lugar porque se viola la ley, nada más y nada menos, desde donde se debería ser garantes de esa legalidad. Pero en segundo lugar, porque se genera un verdadero monstruo de dos cabezas donde un magistrado investiga una causa sin saber cuál es el objetivo que persigue, delegando esta responsabilidad en otra persona distinta que se limita a acusar, en muchos casos, sin saber tampoco por qué lo hace, dado que cuando la investigación ha sido elevada a juicio, ya no le queda más remedio, que continuar con el trámite, como mero gestor secundario del proceso, cuando en rigor debería ser el actor principal y el juicio la etapa fundamental.
Esto se traduce en lentitud de los procesos, abarrotamiento de los trámites en la fase de instrucción, futilidad de las resoluciones que se dictan (sólo para despachar trámites sin brindar soluciones reales a las personas), acumulación de papeles inservibles (¡causas con 20 o 30 o más cuerpos, cuando el juicio es oral!), repetición innecesaria de tareas, dispersión de recursos, arbitrariedad e irracionabilidad en las decisiones en ambas etapas y todo debido a que el proceso, en vez de tener un único director, se parece mucho a una orquesta con 2 o 3 o 4 directores que todos hacen sonar los instrumentos al unísono. Imagínese una fiscalía, con 4 fiscales trabajando en una única causa, no muy complicada, y todos disponiendo medidas a veces contradictorias entre sí, a los mismos empleados.
Una Justicia que no Investiga
Resultado: que solo se elevan a juicio, las causas más tontas, las más fáciles de resolver, las que directamente no necesitan investigarse: Por ejemplo, un patrullero se choca con los delincuentes que acaban de asaltar a un transeúnte; un hurto de una bicicleta, el robo de un par de anteojos y un abusador que es detenido por la policía simplemente porque los vecinos ya lo han atrapado antes y tienen que evitar que lo linchen. En definitiva, que no se investiga ningún delito, salvo esporádicamente, en alguna causa política y de mucha repercusión, en donde todos quieren sacarse la foto al lado del intendente. Basta con escuchar los clásicos clichés de los fiscales que siempre salen en la tele: “-stamos investigando”, “se están realizando todas las diligencias de instrucción”, “hay varias hipótesis de investigación”. Pero de ahí, a hacer realmente justicia, nada. El más mediático, no pasa de disponer 10 o 15 o 30 allanamientos y detener a un montón de personas, que - cuando la noticia baja de los medios - son rápidamente puestos en libertad por falta de mérito dado que la detención era sólo «para la foto» o para la portada del diario, para la televisión y - en algunos casos - para tranquilizar a la opinión pública.
Promesas Ambiguas
La ex esposa de nuestro intendente, había prometido un cambio en el consejo de la magistratura. ¿”Cambió” el consejo de la magistratura para bien? A las pruebas nos remitimos, y como el movimiento de demuestra andando, sólo habrá que esperar algún tiempo. Aunque las reformas dejan el sabor amargo de que todo ha cambiado, para que nade cambie.
* Jurista y Escritor. Especialista en Derecho Procesal y Penal.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario