(Por Mariano De Andrea) Un sabio estadista, solía decir, que para muestra, bastaba un botón. En la presente nota, nos proponemos demostrarles, empíricamente, cómo el consejo de la magistratura de la provincia de Buenos Aires, está literalmente dibujado, y cómo el Poder Ejecutivo incumple todas las leyes y las normas relativas al nombramiento de magistrados, sin que el ministro de justicia ni la gobernadora se pongan colorados.
Supuestamente, para nombrar a un juez, la constitución de la Provincia y las leyes especiales establecen toda una serie de complicados mecanismos:
Hay una ley que crea un cargo; se llama a concurso público para ocupar esos cargos creados por ley; los postulantes tienen que aportar sus antecedentes personales, someterse a un riguroso examen ante académicos del consejo de la magistratura. Luego se evalúan los exámenes de los aspirantes: se los corrigen, se establece un sistema de impugnaciones, se corrigen esas impugnaciones, se hacen entrevistas de los candidatos en el pleno del consejo de la magistratura y finalmente, para cada cargo, se elevan ternas vinculantes al poder ejecutivo para que por cada terna, el ministerio de justicia envíe el pliego de uno de los tres candidatos al senado para que el parlamento le preste el acuerdo y en definitiva, el gobernador (o la gobernadora) de turno, emita el decreto que lo coloca al juez en el cargo después de su jura.
En el consejo de la magistratura, hay representantes de todos los poderes, y el procedimiento para la elaboración de ternas, resulta harto complejo porque deben susperarse todos los filtros que se acaban de señalar.
Pues bien, el consejo de la magistratura interviene en la elaboración de las ternas de todos los magistrados de la provincia, desde los de primera instancia (nivel 20) pasando por los jueces de las cámaras de apelación (nivel 21) hasta los magistrado de casación (nivel 22), que es el cargo màs alto para el cual se requiere la intervención del consejo de provincia. Porque para los cargos de juez de la Suprema Corte de Justicia (que serían nivel 23) no se requiere más que una decisión política, es decir, para la corte no interviene el consejo.
Una Descentralización que no es Tal
Convengamos entonces, que de acuerdo con su nivel, el concurso más importante en el que interviene el consejo de la magistratura, es el de juez de casación penal de la provincia. Por lo tanto, en este concurso es donde se debería mostrar la máxima transparencia y los estándares más altos de ejemplaridad institucional. Dicho en criollo, en este tipo de concursos, claramente no debería haber trampas, porque acá debiera demostrarse a su máximo nivel la transparencia institucional del sistema.
Vamos a ver que pasó con las últimas grandes ternas elaboradas por el consejo de la magistratura de la provincia, en lo que hace al nombramiento del máximo tribunal penal, (donde uno de sus miembros acaba de ser suspendido por la suprema corte y se encuentra al borde del pedido de detención):
En el año 2011, se sancionó una ley que disponía la creación de salas descentralizadas del máximo tribunal penal, justamente para evitar que la concentración de poder en un único tribunal en La Plata, además de atorar el trabajo (con las consecuentes demoras que ello produce) genere la corrupción que de hecho ha generado.
En fin, porque la concentración de poder genera problemas inevitables, en el año 2011 se puso en marcha este proceso de descentralización. Como señalamos en notas anteriores (ver: "Un Poder Judicial al Margen de la Ley"), todos los requisitos legales y constitucionales, se cumplieron para que el consejo de la magistratura elabore las ternas, que tendrían que haber resultado obligatorias para el poder ejecutivo si es que este planeaba cumplir con la ley y la constitución.
El Escándalo de Casal
¿Y qué es lo que pasó? Ocurrió la peor desgracia para el ex ministro de justicia Ricardo Casal (foto), que había impulsado la descentralización: que sus amigos, y por ende, las personas que quería colocar en los cargos que habían sido llamados a concurso, lamentablemente no aprobaron los exámenes ni pudieron sortear los engorrosos trámites que se exigían en el consejo de la magistratura para la elaboración de las ternas. Por primera vez en la historia de ese consejo, los excelentes académicos que habían intervenido, elaboraron un protocolo de corrección y lo publicaron. Y cuando vinieron las impugnaciones, los académicos aplicaron a rajatablas dicho protocolo de actuación y le hicieron ver al ex ministro, que el protocolo había sido publicado y que había sido además, aprobado por unanimidad en el plenario del consejo. Por lo tanto, los amigos del ex Ministro, no podían acceder a tan elevados sitiales.
¿Qué hizo entonces el ex ministro bonaerense? Como no podía nombrar a los que el quería, y como el consejo ya había elaborado las ternas y esas ternas, según la constitución, eran obligatorias para el poder ejecutivo, recurrió al sencillo artilugio de «cajonear» olímpicamente los pliegos, y los dejó durmiendo en el ministerio de justicia.
En el año 2017, la gobernadora María Eugenia Vidal (tal vez sin darse mucha cuenta de lo que hacía), ratificó mediante una nueva ley orgánica del poder judicial de la provincia, la necesidad de descentralizar el corrupto máximo tribunal penal provincial. De esta manera se rompería con los intereses oscuros de poder y territorio que varias veces ya habían sido denunciado.
El Cajoneo de Vidal
¿Y qué hizo el entonces ministro de justicia Carlos Mahiques (foto)? Primero intentó tímidamente dar marcha atrás con la ley de descentralización (porque Mahiques, pese a ser un excelente magistrado, lo había sido del tribunal que se empecinaba con no perder su poder y territorio). Pero se chocó una vez más con el escollo constitucional: La constitución provincial señala que una vez que el consejo de la magistratura elabora la terna para nombrar a un juez, el poder ejecutivo no puede más que elegir a uno de esos tres candidatos. Y si no, ¡el sistema es una broma! Porque cuando el consejo de la magistratura elabore una terna que no le gusta al funcionario de turno, se cajonean los nombramientos, se tira para atrás la ley y vuelvo a llamar a un nuevo concurso hasta poder nombrar al juez que me guste más, burlando todo el mecanismo institucional, procesal y constitucional establecido para la selección de un magistrado.
Valga la acotación, de que en toda la historia del consejo de la magistratura, jamás había ocurrido que luego de elaborada la terna vinculante para la selección de un magistrado, el poder ejecutivo la cajoneara eternamente, de manera de borrar con el codo lo que un momento antes se había escrito con la mano. Es decir, un verdadero papelón institucional que no guarda precedente de ninguna naturaleza, y sirve como muestra para que tengamos un panorama, del respeto que tienen algunos gobernantes por asegurar la transparencia en los procesos de selección de los jueces mas altos de la provincia.
¿Qué hizo el ministro Gustavo Ferrari (foto)? Nada, por supuesto. Es decir, la gobernadora María Eugenia Vidal, al igual que su antecesor, y tres ministros de justicia, incumplieron (y la gobernadora lo sigue haciendo) todos los reglamentos vigentes en materia de nombramiento de magistrados, dos leyes provinciales votadas por unanimidad de todos los bloques en el parlamento y la propia constitución de la provincia que le ordena (una vez elaborada una terna por el consejo), que elija a uno de esos ternados y lo ponga en el cargo.
Un Consejo Dibujado
Ahora bien, si de esta manera se violan los procedimientos, las leyes y la constitución a la hora de nombrar los jueces del más alto tribunal penal de la provincia, ¿qué podemos esperar de los nombramientos de los jueces inferiores?
Y bueno, alguien tiene que decirlo: "El consejo de la magistratura está dibujado". Si las ternas no me gustan, las cajoneo o las hago de nuevo. Total, miren si vamos andar respetando un par de leyes y a la constitución para nombrar a unos jueces de casación penal. En todo caso, si después sacan los pies del plato, los procesamos o los mandamos a detener. Y se terminó el asunto.
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